El Gobierno ha presentado una oferta de empleo público sin precedentes, 50.000 puestos de trabajo, en un movimiento estratégico antes de las elecciones. Los sindicatos están cerca de llegar a un acuerdo, con CSIF y UGT ya habiendo rubricado la propuesta. Esta oferta incluye más de 30.000 plazas para la Administración General del Estado (AGE), un incremento del 20% respecto al año anterior. Con las plazas de las tasas de reposición de 2022, se espera alcanzar un total aproximado de 50.000 puestos.
Convocatoria de 2.500 plazas de urgente cobertura para el Cuerpo Administrativo de la Administración de la Seguridad Social y un aumento del 30% en las plazas para funcionarios de los cuerpos C1 y C2. Además, se prevé el refuerzo en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, junto con convocatorias de estabilización en otros reales decretos.
Las organizaciones sindicales han estado demandando la creación de empleo público para reforzar servicios clave, como el SEPE, la Seguridad Social, la Inspección de Trabajo, la Agencia Tributaria y la Justicia. Han advertido sobre la pérdida de más de 50.000 empleos públicos en la próxima década debido a las jubilaciones. A pesar de las ofertas de empleo público en 2021 y 2022, solo se han creado 7.504 plazas netas.
El Gobierno ha respondido a estas demandas duplicando la oferta inicial de 15.000 plazas y estableciendo diez criterios que regirán esta oferta de empleo público. Estos criterios incluyen la promoción interna, la estabilización del empleo temporal, la digitalización, el refuerzo en el ámbito de la justicia y la administración local, entre otros aspectos relevantes.
El acuerdo ya ha sido firmado por CSIF y UGT, y se espera la firma de CC OO, quien está esperando la oferta definitiva y el alcance del acuerdo para asegurar el servicio público a la ciudadanía.
Esta histórica oferta de empleo público del Gobierno representa un avance significativo y un compromiso para cumplir los criterios acordados. Se espera que las convocatorias para los procesos selectivos de la oferta se publiquen antes de finales de 2023. Además, en situaciones excepcionales, se podrá recurrir a personal funcionario interino o personal laboral temporal para asegurar una adecuada prestación de los servicios públicos. Esta iniciativa es un paso importante hacia el fortalecimiento de los servicios clave y el cumplimiento de las necesidades de la ciudadanía.
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